La importancia de la confianza en el tráfico jurídico

1. Introducción

La observación de la realidad demuestra que la interacción humana requiere de un mínimo de confianza. En efecto, sin ella no podría comprenderse el complejo mundo de las relaciones humanas. Aún más, el Derecho es en sí un conjunto de elementos que componen un factor imprescindible de confianza.

Por otra parte, cuando un individuo decide por su propia iniciativa, o ya sea por la invitación que le haga otro sujeto a entrar al ámbito de las negociaciones, se encuentra ante el inmenso mundo de la autonomía contractual y obligacional, en los que la confianza se constituye como la piedra angular de la contratación.

En efecto, la buena fe es inherente al ámbito de los contratos desde el momento de formación, durante su ejecución y hasta el cumplimiento de lo pactado. De este modo, las circunstancias que acompañan y que han acompañado el concepto y esencia de la buena fe han hecho que, incluso desde siglos atrás –situación que se mantiene en la actualidad-, exista una unidad sustancial de todas las disposiciones encaminadas a tutelar un estado de confianza[1].

2. Concepto

Pero ¿qué es la confianza y cómo se genera la misma?

Lo cierto es que las aproximaciones a este término pueden realizarse desde los campos más diversos. Así, para nuestro Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su segunda acepción, confiar significa “depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa”.

Por su parte, en el mundo de las ciencias sociales, en particular en la literatura relativa al management, se ha llegado a definir la confianza como la decisión de la persona que confía (el depositante de la confianza) de hacerse vulnerable ante una acción de otro (el depositario de la confianza). Esta decisión está basada en la suposición de que el depositario de la confianza hará bien esa acción sin que se le controle, precisamente porque se confía en él o ella[2].

De similar forma se ha pronunciado el campo de la filosofía al manifestar que la confianza no puede mostrarse de otra forma más que haciéndose vulnerable el que confía. Como se ve, esta descripción de la confianza es prácticamente igual a la anterior, con la diferencia de que incorpora de modo explícito la voluntariedad en la acción de confiar. La confianza es entendida, así, como un acto humano que referimos a personas, por tanto a sujetos libres. Porque existe la libertad, confiar es siempre asumir un riesgo[3].

Integrando las dos concepciones anteriores, encontramos la definición facilitada desde el campo de la ética de los negocios o business ethics, describiendo la misma como una relación entre dos partes de carácter interpersonal y bidireccional, en donde la parte que confía (depositante de confianza) decide libremente hacerse vulnerable ante una acción de la parte en la que se va a confiar (depositaria de confianza). Esta decisión se basa en la expectativa de que esta última hará bien lo que tenga que hacer sin necesidad de ser controlada[4].

Desde un enfoque puramente jurídico, el término que más se aproximaría a la confianza sería la buena fe. Así, la fides en Derecho romano poseía un núcleo semántico básico: la lealtad a la palabra dada. La fides se entiende en consecuencia como virtud, como cualidad predicada de un sujeto que hace de un hombre de palabra, cumplidor de sus compromisos, un hombre, en fin, que inspira confianza[5]. Buena fe y confianza son conceptos que siempre han ido estrechamente unidos. Las máximas de ULPIANO o de PAULO (grave est fidem fallere y fides bona contraria est fraude et dolo), reflejan la protección que en el Derecho romano se daba al que obraba de buena fe, particularmente en los contratos[6].

En definitiva, supone guardar fidelidad en la palabra dada, no defraudar la confianza de los demás, ni abusar de ella, conducirse conforme cabe esperar de cuantos con honrado proceder intervienen en el tráfico jurídico como contratantes o participan en el en virtud de otras relaciones jurídicas[7].

3. La confianza en el tráfico jurídico

Así las cosas, la idea que de la confianza tenía el Derecho romano es la misma que subyace hoy en día, entre otros preceptos, en el artículo 7.1 del Código Civil y a cuyo tenor “los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”, y en el art. 1258 del mismo cuerpo legal y en cuya virtud “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”, preceptos que constatan que la buena fe es el criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho en las relaciones bilaterales, comportamiento adecuado a las expectativas de la otra parte[8].

En igual sentido, se ha dicho con acierto que la buena fe, más que un estado de ánimo subjetivo, ha llegado en nuestro Derecho a significar una fuente de normas objetivas (o si se prefiere, un complejo de normas jurídicas), que carecen de formulación positiva concreta, lo que ha generado equívocos y denominaciones impropias. Aún así, la buena fe, inspira a conseguir que en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador ni establecidos por la costumbre o el contrato, principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo, que tiene carácter general pero que exigen una solución distinta en cada caso concreto[9].

En consecuencia, la confianza sirve como un principio de interpretación y de ordenación de toda la materia contractual o del tráfico jurídico, principio que se concreta en la atribución de un predominio de las cláusulas generales de la buena fe. Es un principio que opera en el ámbito donde se desenvuelve la necesaria cooperación de las partes en orden a la formación del contrato, y donde esta misma confianza, y en particular los daños derivados de faltar a la misma pueden derivar en el nacimiento de la responsabilidad. Por ende, la confianza implica protección de una situación diligente en el ámbito negocial: por supuesto el deber de actuar honrada y correctamente en el tráfico jurídico obliga a que aquel que ha causado un daño -sin importar su título de imputación- en la etapa de formación contractual, a que sobre su patrimonio tenga que recaer la obligación resarcitoria[10].

4. La confianza y las negociaciones

De este modo, la buena fe y la confianza se nos presentan como criterios que logran, por lo menos en el ámbito de las obligaciones, unificar aquellos intereses que siendo en principio fundamentalmente opuestos, por medio de las negociaciones, logran colmar, satisfacer y conformar unas expectativas comunes (que se configuran por medio de los intereses y fines que busca cada parte en las negociaciones), que se han trazado las partes, de tal forma que ese deber de comportamiento leal y cooperador que se deben recíprocamente los sujetos negociales presupone:

  • La existencia de una relación jurídica entre dos personas determinadas, en la que cada cual funciona y planifica sobre la base de expectativas patrimoniales válidas y conocidas, surgidas de la relación de confianza mutua en que están inmersas.
  • Que el deber de comportarse en forma leal y cooperadora se define sobre la base de aquellas convicciones éticas sobre la convivencia social que están a la altura de nuestros tiempos.
  • Y que el contenido concreto de dicho comportamiento se determina a la luz de las circunstancias específicas de cada relación particular[11].

Así las cosas, parece claro que los principios de confianza y buena fe deben presidir las negociaciones entre las partes, debiendo prevalecer, por tanto, lo que en la literatura relativa a técnicas o estrategias de negociación[12] se conoce como la estrategia integrativa que es aquella que persigue la reconciliación de los intereses de las partes, alcanzar beneficios conjuntos o también objetivos ganar/ganar a través del intercambio abierto de información y toma conjunta de decisiones. Es decir:

  • Se centra en los intereses comunes de las partes.
  • No supone confrontación.
  • Está orientada hacia objetivos cualitativos de eficiencia y justicia.
  • Se basa en compartir información de manera honesta.
  • Y como resultado de la negociación persigue la maximización de las ganancias conjuntas (creación de valor).

Por tanto, la estrategia integrativa de negociación facilita la consecución de una relación de confianza y de compromiso a largo plazo.

Por el contrario, la buena fe y la protección de la confianza desaconsejan la estrategia u orientación distributiva, esto es, aquella que:

  • Se centra en ganar en la negociación.
  • Supone confrontación.
  • Implica ocultar información.
  • Está orientada hacia objetivos cuantitativos.
  • Y como resultado de la negociación intenta maximizar las ganancias o intereses propios.

En definitiva, utilizar este tipo de estrategia de negociación dificulta alcanzar acuerdos, y en caso de lograrlo, difícilmente se basará en un compromiso de largo plazo toda vez que no será posible establecer relaciones comerciales basadas en la confianza recíproca[13].

5. La confianza desde un perspectiva económico-jurídica

Partiendo de las anteriores consideraciones, resulta lógico concluir que la confianza es un bien jurídico que debe de ser protegido pues la salvaguarda de la buena fe y el mantenimiento de la confianza son fundamentales para el tráfico jurídico, en general y para toda vinculación jurídica, en particular.

En este sentido, también son constantes las referencias de la literatura económica a la necesidad de proteger la confianza. Así, es de aceptación general considerar que los mercados no son perfectos, de ahí que se desarrolle la teoría de los fallos de los mismos, como una teoría económica normativa en virtud de la que los mercados son los mecanismos de asignación de recursos en los cuales no siempre la actividad es óptima. Por ello, la igualdad de la información no es más que un mito, y ante la magnitud de asimetrías de información que se producen en los mercados, la intervención del Estado como regulador de los mismos se hace de todo punto precisa[14].

De este modo, lo que hemos expuesto hasta el momento no tiene exclusivamente una justificación jurídica sino que, por contra, la tutela de la confianza en la fase de negociaciones también encuentra su justificación desde el punto de vista económico, puesto que, como acertadamente se ha manifestado, la confianza será más importante cuanto más provechosa y productiva sea su utilización para los miembros de la sociedad[15].

Y es que, como ha explicado el premio Nobel en economía STIGLITZ la asimetría de la información no es una excepción sino una invariable, de tal forma que los fallos no son circunstancias aleatorias sino constantes y permanentes porque los mercados están conformados por disímiles personajes, con conocimientos diametralmente opuestos[16].

De igual modo, parte de la doctrina económica-jurídica sostiene que para poder corregir en parte dicha asimetría de información y de sus costes, se hace precisa la defensa y tutela de la confianza. Así, la asimetría de los costes de información justifica la protección de la confianza, de aquel que va a contratar, y en especial aquella parte débil o para quien los costes de información serían muy altos, de tal forma que si existe una real protección en el ordenamiento jurídico, se aumentará la eficiencia de PARETO porque un deterioro de su calidad, bajo las condiciones del contrato perfecto, no solo implica una redistribución de ingresos, sino que además, su riesgo es inferior a las ganancias de quien expende un bien[17].

Desde una perspectiva más amplia, la salvaguarda de la confianza se refiere a la tarea general del ordenamiento jurídico de garantizar seguridad y agilidad del tráfico jurídico y especialmente el intercambio de bienes y servicios, desde una visión proteccionista hacia quien le es más costoso adquirir la información, de tal modo que el problema de protección de la confianza desde un planteamiento económico es mantener el gasto en coste de información al nivel más bajo posible, y para conseguir esa meta se requiere que las informaciones necesarias para la conclusión de un contrato perfecto las suministre aquel a quien le sea más barato adquirir la información, que, por lo general, coincide con la parte más fuerte de la relación contractual[18].

Por otra parte, conviene advertir que no solo la buena fe hace que la confianza comience a generar legítimas expectativas para las partes intervinientes en la negociación, sino que además, existen otros factores de carácter externo al negocio que se comienza a gestar entre los contratantes, que permiten una graduación más profunda del concepto de confianza. En efecto, entre dichos factores externos podemos encontrar los siguientes[19]:

  • Las relaciones contractuales anteriores del mismo tipo entre las partes de un contrato generan una expectativa de que las mismas se obligarán en términos similares a los que lo vienen haciendo habitualmente. Así las cosas, las actitudes manifiestas en una relación contractual pasada prolongan sus efectos en los contratos venideros. Por tanto, se reconoce por el derecho obligacional que ciertos comportamientos contractuales pasados, extienden sus efectos sobre los contratos en curso o por lo menos en formación.
  • Los hechos concluyentes de las partes:
    • Se trata de actos autónomos autosuficientes, es decir, que por sí solos producen determinados efectos jurídicos. Así, a través de los mismos se llega a admitir por las partes la existencia de una declaración de voluntad respecto del negocio en cuestión solamente por deducción. En otras palabras, a través de los actos concluyentes el empresario asume ciertos compromisos u obligaciones a las que en principio no está obligado, ayudándole este plus obligacional a distinguirle de otros empresarios que se dedican a la misma actividad empresarial, haciendo entender a la comunidad, en general, o a la parte con quien directamente negocia, que los negocios que formaliza se realizan siempre de una misma manera.
    • A este respecto, resulta relevante destacar que dichos actos concluyentes deben caracterizarse por su reiteración en el tiempo y deben de ser públicos, lo que determina que dicho uso o práctica comercial debe de resultar notoria y reconocible en el tráfico jurídico.
  • La política comercial de uno de los extremos negociales: se hace referencia a cómo el empresario ejerce su libertad para competir, presentando la imagen que mejor se acomoda a sus intereses. En definitiva, es la forma en la que se manifiesta abierta y libremente al público, lo que la mayoría de las veces se hace por medio de la publicidad de sus productos o servicios, así como haciendo valer su marca.
  • Las cualidades de los sujetos contratantes: en efecto, la confiabilidad de las partes implicadas en la negociación será evaluada mediante el juicio de una serie de características que pueden agruparse en tres categorías[20]:
    • Su habilidad: esta es entendida como el conjunto de conocimientos, destrezas y competencias del depositario de la confianza que le capacitan para desempeñar una función determinada. En definitiva, se trata de la profesionalidad del operador económico.
    • Su benevolencia: se trata del conjunto de motivos e intenciones que persigue el depositario de la confianza en esa acción concreta. Lo que se evalúa, por tanto, es si el depositario busca el beneficio del depositante y no únicamente su beneficio propio.
    • Y su integridad: se refiere a aquellos principios que rigen el comportamiento del depositario. El depositante de la confianza evaluará si comparte o no estos principios con el depositario de la confianza antes de asumir el riesgo de confiar.

En definitiva, las anteriores cualidades ayudarán a la contratación con aquellos operadores económicos con una experiencia, seriedad y buena reputación consolidadas en el mercado.

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Notas al pie de página

[1] MONSALVE CABALLERO, V., La ruptura injustificada de los tratos preliminares, Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Salamanca, mayo de 2008, págs. 240 a 241.

[2] MAYER, R. C., DAVIS, J. H. y SCHOORMAN, F. D., “An integrative model of organizational trust”, Academy of Management. The Academy of Management Review, Vol. 20, número 3, págs. 709 a 734.

[3] SPAEMANN, R., “Confianza”, Revista Empresa y Humanismo, Vol. IX, 2005, págs. 131 a 148.

[4] GUILLÉN PARRA, M., LLEÓ DE NALDA, A. y MARCO PERLES, G. S., “Repensando la confianza como factor crítico en la gestión organizativa”, Cuadernos de gestión, Vol. 11, número extra 1, 2011, págs. 33 a 49.

[5] CASTRESANA, A., Fides, bona fides: un concepto para la creación del derecho, Tecnos, Madrid, 1991, pág. 22.

[6] MONSALVE CABALLERO, V., op. cit., pág. 287.

[7] DÍEZ-PICAZO, L., “Introducción a la teoría del contrato”, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Volumen I, Civitas, 5ª edición, Madrid, 1996, pág. 46.

[8] DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., “Una expresión de lo que no es Buena Fe: El ejercicio malicioso de acciones judiciales. Jurisprudencia Española de las dos últimas décadas”, Estudios de Deusto: Revista de la Universidad de Deusto, Bilbao, 2002, vol. 50, número 2, págs. 12 y siguientes.

[9] DE COSSÍO, A., “El dolo en el Derecho civil”, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, págs. 107 y siguientes.

[10] DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., op. cit., pág. 189.

[11] GODREAU, M. J., “Lealtad y buena fe contractual”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1992, número 609, págs. 291 y siguientes.

[12] Vid. WALTON, R. E. y MCKERSIE, R. B., A Behavioral theory of Labor Negotiations: An analysis of social interaction system, McGrawHill, Nueva York, 1965; RUBIN, J. Z. y BROWN, B. R., The social psychology of bargaining and negotiation, Academic Press, Nueva York, 1975; y PRUITT, D. G., Negotiation Behavior, Academic Press, Nueva York, 1981.

[13] SAORÍN-IBORRA, Mª. C., “Los comportamientos de negociación. ¿Dicotomía o continuum?”, EsicMarket, número 129, 2007, págs. 153 a 181.

[14] MONSALVE CABALLERO, V., op. cit., pág. 263.

[15] SCHÄFER, H. y OTT, C., Manual de análisis económico del derecho civil, Tecnos, Madrid, 1991, pág. 324.

[16] STIGLITZ, J, E., “On the Economic Role of the state”, The economic Role of the State, Basil Blackwell, Oxford, 1989, págs. 8 a 85.

[17] SCHÄFER, H. y OTT, C., op. cit., págs. 331 y siguientes.

[18] MONSALVE CABALLERO, V., op. cit., págs. 264 y 265.

[19] MONSALVE CABALLERO, V., op. cit., págs. 254 y siguientes.

[20] MAYER, R. C., DAVIS, J. H. y SCHOORMAN, F. D., op. cit.

4 Comments
  • Fco. Javier Zubiaur Chalmeta
    Posted at 09:09h, 24 abril Responder

    Muy interesante el artículo. Muchas veces la confianza pasa desapercibida, a pesar de su enorme relevancia en el tráfico jurídico. Este post recuerda la enorme importancia que tiene!!

    • Antonio
      Posted at 09:16h, 24 abril Responder

      La confianza solo se pierde una vez, por lo que es muy importante cuidarla. ¡Gracias Javier!

  • abogados alicante
    Posted at 07:39h, 07 mayo Responder

    Impresionate, formato de tu blog! ¿Cuanto tiempo llevas bloggeando? haces que leer en tu blog sea entretenido. El diseño total de tu web es magnífico, al igual que el material contenido!
    Saludos

    • Antonio
      Posted at 09:41h, 07 mayo Responder

      Muchas gracias por tu comentario. ¡Llevo poco bloggeando! Desde octubre del año pasado. Me alegro mucho de que te gusten tanto el diseño como los contenidos. Me tienes a tu disposición

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